Las obras públicas de Baleares, en jaque por la dejadez de Armengol al no actualizar los precios

Las obras públicas de Baleares están en jaque por la dejadez del Govern liderado por la presidenta socialista Francina Armengol, al no actualizar los precios de adjudicación, totalmente desfasados, por el alza de los materiales de construcción (30% en lo que va de año), los precios desbocados de la energía y una inflación del 10,4%, que ha provocado que queden desiertas hasta 57 licitaciones y concursos públicos.

El decreto estatal «ha tenido una aplicación nula» y el autonómico «es papel mojado y ni siquiera se puede aplicar», denunciaron este martes los constructores de las Islas, que atribuyeron este escenario a la falta de actualización de precios ,»como exige la ley».

En junio de este mismo año, el Govern aprobó un decreto en el que se establecía la necesidad de revisar los precios de los contratos públicos como consecuencia de la elevada inflación, pero no se ha aplicado, lo que está causando enormes perjuicios a un número importante de empresas.

La Asociación de Constructores de Baleares alertó por ello hoy de que esto es «un hecho insólito», debido a que la causa es que las licitaciones salieron sin los precios actualizados, por lo que «las empresas han asumido unos sobrecostes enormes», por el aumento «desorbitado» de los precios de los materiales, los combustibles y la energía.

Las licitaciones paralizadas incluyen obras públicas que han quedado desiertas, como mínimo en su primera licitación, si bien alguna puede haberse adjudicado con posterioridad, con un aumento de presupuesto para adaptarse al encarecimiento de materiales.

La mayoría corresponden a ayuntamientos y entre las decenas de proyectos que han quedado desiertos aparecen obras como colegios, viviendas de protección oficial, mejora de carreteras, así como instalaciones culturales y deportivas, proyectos en muchos casos, financiados con fondos europeos.

En este contexto, los constructores han advertido de que el decreto de revisión de precios estatal «ha tenido una aplicación nula», con más del 86% de las obras excluidas de entrada en Baleares, al estar enfocado a grandes obras, mientras que «el decreto autonómico es papel mojado» y «ni siquiera se puede aplicar al no tener los parámetros y la metodología publicados».

Por ello, denuncian que las constructoras «se encuentran en una situación de fragilidad e incertidumbre absoluta al haber asumido unos sobrecostes que no están siendo compensados». Según la patronal, muchas empresas optan por no presentarse a las licitaciones, al no corresponderse con los precios de mercado y ver que no podrán optar a las revisiones de precio.

La asociación avisa ante esta complicada situación de que la bajada de actividad afectará tanto al número de trabajadores contratados, como a los compromisos adquiridos con el Plan de Recuperación. Además augura un «inevitable» incremento de litigios, licitaciones desiertas y de obras paralizadas, así como retrasos en la ejecución de contratos.

«Somos los primeros que deseamos trabajar, pero en unas condiciones que no pongan en peligro la viabilidad de las empresas ni los puestos de trabajo de nuestras plantillas», manifestó la presidenta de la asociación, Fanny Alba.

Alba exigió por ello al Govern que «cumpla los acuerdos de la Mesa de Diálogo Social con los constructores de Baleares y publique, sin más dilación, los parámetros y la metodología para poder presentar las reclamaciones», remachó la presidenta de la patronal.